Blog

Aclaró que eficacia demostrativa de estos documentos depende, no obstante, de su contenido concreto. Indicó que, aunque estos pantallazos impresos carezcan de firma, si no son desconocidos por la parte contra quien se aducen, pueden ser valorados y constituyen prueba calificada en casación laboral Bogotá D. C., viernes 11 de septiembre de 2026. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia precisó que los pantallazos de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp aportados en copia física impresa dentro de un proceso laboral tienen la naturaleza de prueba documental, de conformidad con lo establecido en el artículo 243 del Código General del Proceso. «Respecto de los pantallazos de WhatsApp, no cabe duda de que tienen naturaleza documental en los términos del inciso primero del artículo 243 del CGP, y no se…

Como respuesta a los efectos ocasionados por el terremoto, fueron expedidos 11 decretos en desarrollo de la Emergencia Económica, mediante los cuales se establecen instrumentos excepcionales para facilitar la gestión de recursos, apoyar a las entidades territoriales y mantener la prestación de servicios esenciales en las zonas afectadas. El paquete normativo aborda diferentes frentes de intervención, entre ellos la administración y destinación de recursos públicos, las obligaciones tributarias territoriales, la participación del sector privado en proyectos de reconstrucción, el uso de información estadística y la continuidad de los servicios de energía y educación. A continuación, resumimos las principales disposiciones y sus posibles implicaciones: 1. Recursos y alternativas de financiación para la reconstrucción Decreto 1379 – Fondo Patria Milagro: Define el esquema para administrar recursos públicos y aportes provenientes de otras…

La Resolución 100-027492 del 20 de agosto de 2026 fijó la tarifa de la contribución en $0.1212 por cada $1.000 de activos totales, con un mínimo equivalente a un SMMLV ($1.750.905). El plazo general de pago vence el 15 de septiembre de 2026, salvo para sociedades domiciliadas en Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Caldas, Chocó y Cauca, que cuentan con un término especial de 60 días por la calamidad derivada del sismo del 10 de agosto. El incumplimiento genera intereses moratorios conforme al artículo 44 de la Ley 1429 de 2010 y puede dar lugar a procesos de cobro coactivo. Resolución 100-027492 SuperSociedadesDescarga

La DIAN, mediante Concepto 016207 del 30 de agosto de 2026, reconsideró su doctrina y precisó que la retención en la fuente del impuesto sobre la renta en servicios de aseo, cafetería, vigilancia y temporales debe aplicarse sobre el componente AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad), que no puede ser inferior al 10% del valor del contrato. Esta interpretación armoniza el artículo 462-1 del Estatuto Tributario con el Decreto 1625 de 2016, garantizando que las tarifas de retención se apliquen sobre la base legalmente prevista y reforzando la seguridad jurídica en materia de cumplimiento tributario. CONCEPTO 016207 DIANDescarga

La Secretaría de Hacienda Distrital presentó al Concejo de Bogotá un proyecto de modificación en la tarifa del Impuesto de Industria y Comercio (ICA), sustentado en criterios de capacidad contributiva y equidad fiscal. El análisis técnico evidenció que las tarifas efectivas de ciertas actividades económicas se encuentran por debajo del promedio de la ciudad (9.9%), lo que justifica el ajuste sin afectar la competitividad. Cabe recordar que el ICA efectivamente pagado es deducible en un 100% en el impuesto de renta, conforme al artículo 115 del Estatuto Tributario, lo que garantiza neutralidad en el cumplimiento fiscal. Adicionalmente, el proyecto contempla la eliminación de la retención en pagos con tarjetas a pequeños comercios con ingresos inferiores a 1.933 UVT, fortaleciendo la formalización y la correcta depuración de la renta líquida gravable.…

El Consejo de Estado, en reciente pronunciamiento de la Sección Cuarta, delimitó el alcance de la responsabilidad subsidiaria de los representantes legales frente a procesos de cobro coactivo adelantados por la DIAN. La decisión enfatiza que dicha responsabilidad se circunscribe a obligaciones derivadas del incumplimiento de deberes formales, conforme al artículo 573 del Estatuto Tributario, y no puede extenderse automáticamente a obligaciones sustanciales de la sociedad. El fallo reafirma la necesidad de un acto administrativo previo que garantice el derecho de defensa, consolidando seguridad jurídica en la aplicación de la figura de responsabilidad subsidiaria. Sentencia CE_29453_Consejo de EstadoDescarga

El proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 inició su trámite legislativo con especial atención sobre el déficit fiscal, el nivel de endeudamiento y la capacidad del Estado para financiar sus obligaciones e inversión pública. Durante el primer debate, el Ministerio de Hacienda expuso un escenario de ingresos mensuales estimados en $29 billones frente a gastos cercanos a $40 billones, evidenciando una brecha de aproximadamente $11 billones. Estos supuestos y las proyecciones macroeconómicas que sustentan el proyecto serán determinantes para la planeación fiscal y económica del país, así como para las condiciones de financiamiento y las decisiones de inversión del sector empresarial. Presupuesto General de la Nación para 2027 tuvo su primera prueba en el Congreso Las Comisiones Económicas Conjuntas sesionaron esta semana para escuchar y debatir en torno al proyecto…

La DIAN aclaró que las entidades territoriales, por su naturaleza de personas jurídicas de derecho público, no deben registrar en el RUT las responsabilidades 49 «No responsable de IVA» ni 53 «Persona jurídica no responsable de IVA». Su situación frente al impuesto debe determinarse según las operaciones que realicen: si desarrollan actividades gravadas que les atribuyan la calidad de responsables, deberán registrar la responsabilidad 48 y cumplir las obligaciones correspondientes. CONCEPTO 014296 DIANDescarga

La estabilidad laboral reforzada protege a trabajadores que se encuentran en condiciones de debilidad manifiesta, entre ellas situaciones de salud, discapacidad o especial vulnerabilidad. En estos casos, la desvinculación laboral está sujeta a requisitos específicos y, cuando corresponda, a autorización previa de la autoridad laboral. El incumplimiento puede generar consecuencias como la ineficacia del despido, el reintegro del trabajador y el reconocimiento de las obligaciones económicas derivadas, por lo que resulta clave fortalecer los controles y procedimientos internos para prevenir contingencias laborales. Boletín estabilidad laboral reforzada CCDescarga

La Corte Constitucional declaró exequible la mayoría de la Ley 2381 de 2024, pero devolvió a la Cámara de Representantes varios artículos y apartes para subsanación, al evidenciar que no se debatieron ni votaron proposiciones válidamente radicadas; fijó un plazo máximo de 30 días para corregir el trámite y dispuso que las normas aprobadas entrarán en vigencia desde el 1 de abril de 2027, condicionando las devueltas al cumplimiento del procedimiento legislativo. Sentencia C-264-26 Corte ConstitucionalDescarga