El Decreto 1261 de 2026, mediante el cual se declara la emergencia económica, social y ecológica por el sismo del 10 de agosto, plantea un escenario de especial relevancia para empresas y contribuyentes. Además de atender los efectos sobre la actividad productiva, la infraestructura y las cadenas de suministro, la declaratoria reconoce restricciones fiscales que podrían llevar al Gobierno a adoptar medidas extraordinarias para financiar la respuesta y recuperación. Para el sector empresarial, esto implica mantenerse atento a los decretos legislativos que se expidan durante la emergencia y a sus posibles efectos en materia tributaria, financiera y económica.