Como respuesta a los efectos ocasionados por el terremoto, fueron expedidos 11 decretos en desarrollo de la Emergencia Económica, mediante los cuales se establecen instrumentos excepcionales para facilitar la gestión de recursos, apoyar a las entidades territoriales y mantener la prestación de servicios esenciales en las zonas afectadas.
El paquete normativo aborda diferentes frentes de intervención, entre ellos la administración y destinación de recursos públicos, las obligaciones tributarias territoriales, la participación del sector privado en proyectos de reconstrucción, el uso de información estadística y la continuidad de los servicios de energía y educación.
A continuación, resumimos las principales disposiciones y sus posibles implicaciones:
1. Recursos y alternativas de financiación para la reconstrucción
Decreto 1379 – Fondo Patria Milagro: Define el esquema para administrar recursos públicos y aportes provenientes de otras fuentes, incluidos recursos de cooperación internacional, destinados a financiar acciones y proyectos de recuperación y reconstrucción.
Decreto 1381 – Inversiones entre entidades territoriales: Permite, de manera excepcional, que una entidad territorial participe en la financiación o cofinanciación de proyectos que se desarrollen en otra jurisdicción cuando estos estén relacionados con la atención de la emergencia.
Decreto 1389 – Obras por Impuestos: Incorpora un mecanismo especial para facilitar que las empresas contribuyan a la ejecución de proyectos requeridos para atender los daños derivados del terremoto, vinculando recursos del sector privado a las necesidades de reconstrucción.
2. Medidas relacionadas con obligaciones y recursos territoriales
Decreto 1382 – Obligaciones tributarias territoriales: Contempla herramientas para que las administraciones departamentales y municipales adopten medidas frente a las obligaciones de los contribuyentes afectados por la emergencia, dentro del marco excepcional establecido.
Decreto 1383 – Recursos del Fonpet: Permite utilizar excepcionalmente recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales para atender necesidades derivadas de la emergencia, conforme a los requisitos y límites definidos en la disposición.
3. Continuidad de servicios y medidas administrativas
Decreto 1380 – Infraestructura y servicio de energía: Establece mecanismos temporales para apoyar la recuperación de la infraestructura energética y contribuir a mantener el suministro en los territorios afectados.
Decreto 1384 – Gestión del empleo público: Introduce disposiciones transitorias dirigidas a facilitar la gestión del talento humano y determinados procedimientos administrativos de las entidades públicas que enfrentan las consecuencias de la emergencia.
Decreto 1385 – Información estadística: Establece condiciones especiales para el tratamiento de información estadística reservada por parte del DANE, con el objetivo de contar con información que permita orientar de manera más precisa las acciones de atención y reconstrucción.
Decreto 1386 – Prestación del servicio educativo: Permite que las instituciones educativas afectadas desarrollen temporalmente sus actividades en instalaciones diferentes a sus sedes habituales, mientras se recupera la infraestructura.
Decreto 1387 – Recursos para la prestación del servicio educativo: Adopta medidas destinadas a facilitar la disponibilidad de recursos necesarios para mantener la operación de los establecimientos educativos ubicados en las zonas afectadas.
Decreto 1388 – Calendario académico: Establece condiciones para que las instituciones educativas afectadas puedan realizar ajustes temporales a sus calendarios académicos como consecuencia de las condiciones generadas por el terremoto.
¿Qué implica este paquete de medidas?
Los 11 decretos conforman un marco excepcional para facilitar la respuesta institucional y acelerar las acciones de recuperación. Para las organizaciones, resulta especialmente relevante hacer seguimiento a las disposiciones que puedan incidir en materia tributaria, financiera y presupuestal, así como a los mecanismos que permiten la participación empresarial en proyectos de reconstrucción.
La aplicación de estas medidas dependerá del alcance de cada disposición y de las condiciones establecidas para los territorios y sujetos beneficiarios. Por ello, será necesario evaluar su desarrollo reglamentario y determinar, en cada caso, las oportunidades, obligaciones o efectos que puedan derivarse para la organización.